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España: galenos en rebeldía por reforma que deja sin atención a migrantes sin papeles

Última modificación 03/09/2012 01:39
por Tania Molina

Madrid, 31 de agosto. El gobierno español, del presidente conservador Mariano Rajoy, aprobó una reforma sanitaria –entra en vigor este sábado– que dejará a medio millón de migrantes indocumentados en el desamparo médico, al autorizar la retirada de la tarjeta del seguro de salud a los llamados "irregulares" y exigir al personal de sanidad pública que niegue la atención a migrantes sin papeles.

Publicado el: 3 de septiembre de 2012
España: galenos en rebeldía por reforma que deja sin atención a migrantes sin papeles

Protesta en Bilbao de indocumentados contra la política xenófoba del gobierno del Partido Popular. Foto: Reuters

 

Armando G. Tejeda, corresponsal

Publicada el 1 de septiembre en la versión impresa.

Madrid, 31 de agosto. El gobierno español, del presidente conservador Mariano Rajoy, aprobó una reforma sanitaria –entra en vigor este sábado– que dejará a medio millón de migrantes indocumentados en el desamparo médico, al autorizar la retirada de la tarjeta del seguro de salud a los llamados irregulares y exigir al personal de sanidad pública que niegue la atención a migrantes sin papeles.

Diversos colectivos y organizaciones no gubernamentales criticaron la medida por violar los derechos humanos y las convenciones internacionales, además de poner en riesgo la salud pública.

La elección, en noviembre pasado, del derechista Partido Popular (PP) con mayoría absoluta ha permitido al gobierno de Rajoy acometer reformas y programas de enorme dureza, sobre todo en materia de política social y en recortes de los servicios públicos básicos, además de los despidos masivos de trabajadores públicos y las medidas económicas, como el incremento de los impuestos, el abaratamiento del despido y la supresión de la inversión pública en sectores vitales para varios rubros, como la minería o la cultura.

Uno de los pilares del discurso de una parte de la extrema derecha europea es el de responsabilizar a los ciudadanos extranjeros del colapso de los servicios públicos, como la Sanidad y la Educación. En este sentido, el gobierno español inició una campaña en la que denunció supuestos abusos de los extranjeros en la utilización de la sanidad pública.

El siguiente paso fue la aprobación de una reforma que condenará a la indigencia médica a medio millón de personas, muchas de ellas que trabajaban de forma ilegal en el país y la mayoría procedentes de países de América Latina y el norte de África.

En este caso se encuentra María, una boliviana de 32 años que dejó a sus hijos en su país y trabaja sin contrato en el servicio doméstico. Al enterarse de que su hijo mayor estaba gravemente enfermo, cayó en una profunda depresión con ideas suicidas, que requiere tratamiento farmacológico, proporcionado por su médico familiar. A partir de la entrada en vigor de la reforma no podrá seguir con su tratamiento, cuya medicación no se vende sin receta.

Otro ejemplo es el de Petru, un rumano de 30 años que padece tuberculosis pulmonar con multirresistencia. Fue atendido en un hospital de Mallorca y sometido a aislamiento respiratorio. No cuenta con recursos económicos para continuar su tratamiento ni para combatir la tuberculosis y comprar la insulina que necesita para su diabetes. Esta situación puede implicar además un problema de salud pública por el riesgo de transmisión de la tuberculosis.

El gobierno, ajeno a las críticas nacionales e internacionales a esta política que algunos tildan de xenófoba, explicó en voz de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que los extranjeros sin tarjeta sanitaria que sean atendido en los hospitales públicos tendrán que buscar los mecanismos necesarios para el reintegro y rembolso de los gastos ocasionados.

La funcionaria confirmó que el Ministerio de Sanidad anulará este sábado la tarjeta sanitaria de los indocumentados y de todos los extranjeros que no cotizan a la Seguridad Social, por considerar que no pueden ser beneficiarios del Sistema Nacional de Salud. Cuando van a otro país, España paga por ustedes, o pagan sus estados de origen mediante convenios bilaterales o de los sistemas de compensación de la Unión Europea, o pagan los propios extranjeros, a los que se pasa ese costo, o bien las comunidades pueden, en su ámbito de competencias, decidir cómo van a sufragar esta atención sanitaria, dijo la política conservadora.

Ante la gravedad de la propuesta, al menos cuatro comunidades autónomas anunciaron que en sus regiones la salubridad pública sí atenderá a los migrantes sin documentos: se trata de Canarias, Cataluña, el País Vasco y Andalucía, todas ellas gobernadas por partidos distintos al PP.

Para llamar la atención de las consecuencias de la medida, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, la Red Acoge y semFYC reclamaron en una serie de acciones conjuntas para que no se adopten represalias contra el personal sanitario que atienda a personas sin tarjeta sanitaria, como amenazó la ministra española del ramo, la derechista Ana Mato, a los colectivos de médicos y enfermeras que anunciaron que se declararían en rebeldía ante una normativa que les impide cumplir el código ético de su profesión.

España incurrirá en una violación de los derechos humanos, por limitar el derecho a la salud de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad y por ser una medida regresiva y discriminatoria. Esta decisión vulnera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por España, advirtieron las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Asimismo, los colectivos de profesionales de la salud advirtieron que las personas con enfermedades crónicas o mentales serán las más afectadas por la reforma sanitaria del PP, y señalaron las graves consecuencias que las restricciones en el acceso a la atención sanitaria pueden implicar para quienes sufran enfermedades crónicas, males transmisibles y enfermedades mentales, que suponen además un riesgo para la salud de toda la población.

Los médicos y las ONG han señalado en diversos comunicados que los estados tienen la obligación de proteger a los miembros vulnerables de la sociedad, incluso en épocas de limitaciones graves de recursos, que es cuando deben redoblar dichos esfuerzos.

 

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