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Criminalizar los movimientos sociales pone al país en estado de emergencia

Última modificación 12/12/2012 12:45
por Tania Molina

Organizaciones religiosas, sociales, de defensa de derechos humanos y el obispo Raúl Vera señalaron que debido a que la llegada del nuevo gobierno es el resultado de un proceso inequitativo en el que prevalecieron la corrupción y la impunidad y que se augura un ejercicio autoritario del poder, como quedó demostrado en el operativo policiaco del pasado primero de diciembre, pugnarán por lograr una “ética política liberadora e integradora” y por la defensa de las garantías fundamentales y la construcción de vida digna, entre otros aspectos.

Publicado el: 12 de diciembre de 2012
Criminalizar los movimientos sociales pone al país en estado de emergencia

Aspecto de la manifestación en las inmediaciones del cerco al Palacio Legislativo de San Lázaro, el 1º de diciembre. Foto: José Carlo González

 

Carolina Gómez Mena

Publicada el 8 de diciembre en la versión impresa.

Organizaciones religiosas, sociales, de defensa de derechos humanos y el obispo Raúl Vera señalaron que debido a que la llegada del nuevo gobierno es el resultado de un proceso inequitativo en el que prevalecieron la corrupción y la impunidad y que se augura un ejercicio autoritario del poder, como quedó demostrado en el operativo policiaco del pasado primero de diciembre, pugnarán por lograr una ética política liberadora e integradora y por la defensa de las garantías fundamentales y la construcción de vida digna, entre otros aspectos.

Al concluir el encuentro Caminando Comprometidos con la Esperanza y la Justicia, integrantes de Observatorio Eclesial, Serapaz, Sicsal, del Centro de Estudios Ecuménicos, el movimiento #YoSoy132 y diversas congregaciones de religiosas precisaron en un escrito que ante los saldos dejados por la violencia estructural que aqueja al país, tanto estatal como criminal, lo mismo que la desigualdad, el despojo que sufren comunidades indígenas y campesinas, la criminalización de los movimientos sociales y la pérdida de derechos sociales, México vive un momento de emergencia nacional.

Indicaron que es necesaria la búsqueda de nuevas alternativas que alienten la esperanza y el compromiso de hombres y mujeres para hacer de esta una hora de gracia y liberación.

Asimismo, expresaron su solidaridad con los detenidos el primero de diciembre y exigieron su inmediata liberación y el esclarecimiento de los hechos para sancionar a los responsables de la represión y manifestaron que es urgente que se escuchen las voces de los pueblos y las luchas sociales.

En conferencia de prensa, Julián Cruzalta, fraile dominico e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Teresa López, religiosa filipense, Gabriela Juárez y Maricarmen Montes, del Obervatorio Eclesial, Dolores González, de Serapaz, y Antonio Cerezo, del Comité Cerezo, expresaron su preocupación por la existencia de un ambiente adverso para los derechos humanos y destacaron que la política nunca debe estar exenta de ética. También confiaron en que las relaciones entre el gobierno de Peña Nieto y la Iglesia católica se den en el contexto del Estado laico y sean más claras y abiertas para la sociedad.

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