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Absuelven en España a ocho que cercaron el Parlamento

Última modificación 05/10/2012 22:15
por Tania Molina

Madrid, 4 de octubre. El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, archivó la causa y anuló cargos contra los ocho imputados por la concentración del pasado 25 de septiembre, en la que se cercó al Parlamento español para denunciar los efectos de la crisis y de los planes de recortes aprobados por el gobierno del conservador Mariano Rajoy.

Publicado el: 5 de octubre de 2012
Absuelven en España a ocho que cercaron el Parlamento

Afuera de un anexo de la Audiencia Nacional, este jueves. Foto: Reuters

 

Armando G. Tejeda, corresponsal

Publicada el 5 de octubre en la versión impresa.

Madrid, 4 de octubre. El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, archivó la causa y anuló cargos contra los ocho imputados por la concentración del pasado 25 de septiembre, en la que se cercó al Parlamento español para denunciar los efectos de la crisis y de los planes de recortes aprobados por el gobierno del conservador Mariano Rajoy.

El magistrado fue más allá en su auto y se refirió a la denominada clase política española como decadente, al tiempo que criticó la actuación de la policía durante las protestas. El derechista Partido Popular (PP) arremetió contra el juez, al que llamó pijo (rico engreído) ácrata y demagogo.

El magistrado Pedraz asumió en un primer momento la causa contra los ochos ciudadanos acusados por la policía de delitos contra la nación, pero decidió enviarla a los juzgados ordinarios de Madrid al considerar que no había ningún delito de su competencia en el informe redactado por los agentes. La juez que recibió la causa decidió a su vez devolverla a la Audiencia Nacional, con el argumento de que sí había indicios de supuestos delitos contra la nación, por el que los imputados podrían haber sido encarcelados hasta cinco años.

Clase política decadente

Pedraz hizo público su auto judicial –para el que cabe recurso–, en el que archivó la causa y esbozó varias críticas tanto al gobierno como a la actuación policial. No consta alteración alguna del normal funcionamiento en la sesión del Congreso de los Diputados, por lo que no cabe apreciar que los imputados, como tampoco otros que fueron identificados en estas diligencias en su fase inicial, hayan cometido el delito contra las instituciones del Estado, señaló.

El magistrado argumentó el derecho de los manifestantes de expresar su indignación en las calles, basándose en los preceptos de la Constitución. Expuso que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional; menos aún, prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política.

La definición de la clase política como decadente desató la ira del gobierno y del partido en el poder, que acusó al magistrado de utilizar las togas de la Audiencia Nacional para hacer una demagogia política indecente.

 

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